EN PRIMERA FILA POR LUIS A. CABAÑAS BASULTO
Enmarcado por la difícil situación por la que atraviesa el país, el PRI presentó este miércoles, sin embargo, una polémica iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de una Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que, como era de esperarse, aprobada finalmente, se turnó para su análisis al Senado de la República.
El antecedente de la propuesta surgió desde enero de 2013, cuando los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila propusieron inicialmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la instalación de una Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.
La sugerencia prosperó cuatro meses después, encabezada por Mejía Berdeja, con el apoyo de los diputados Willi Ochoa, Héctor Gutiérrez de la Garza y Jesús Valdés (PRI); Aurora Aguilar y José Arturo Salinas (PAN); Fernando Zárate y Agustín Barrios Gómez (PRD); Mónica García de la Fuente (Verde), Rubén Benjamín Félix Hays (Panal) y Magdalena del Socorro Núñez Monreal (MC)
En ese entonces operaban 385 casinos legales y 70 ilegales, aunque, como resultado de la presión e investigación que coordinó Félix Hays, hoy sólo existen 286 casinos, prácticamente 150 menos. Lo que motivó los trabajos fue la disputa entre los grupos "Entretenimiento de México", del zar de los casinos, Juan José "Pepe" Rojas Cardona, con las empresas Exciting Games y Producciones Móviles.
Hasta ahora se habían revocado definitivamente los permisos a "Entretenimiento de México" y Exciting Games, y seguramente se haría lo propio con Producciones Móviles, ya que está en proceso.
Este resultado fue producto de la presión de esta Comisión en 14 reuniones en tres foros de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, donde se escuchó a todas las organizaciones, aunque, más allá de revocar permisos o hacer diagnósticos, se consideró necesario atacar de raíz el problema de los casinos y reconocer que el juego, en una sociedad liberal, se quiera o no, siempre existirá.
Si se prohíbe habrá clandestinaje, "brincos" y casas de apuestas ilegales, sin ninguna regulación del Estado capaz de someter la actividad, ya que el juego está muy ligado a nuestra historia con la lotería, los bingos y diferentes tareas, y de ahí que haya necesidad de regularlo desde el Estado para evitar discrecionalidad, opacidad, corrupción, tráfico de influencias y "lavado" de dinero, que se combatirían en la nueva ley.
La actual ley data de 1947, con una antigüedad de 67 años, sin embargo, con sólo 17 artículos que dejan todo un mar de discrecionalidad para que, a través de normas, reglamentos y disposiciones, se regule el juego en el país, mientras que lo que se pretende con la nueva ley es precisamente establecer obvias medidas de seguridad.
Entre otros, refiere que sólo podrían acceder a los casinos personas desde los 21 años de edad, además de que contempla un programa de autoexclusión para que aquellos que jueguen por adicción o sus familias accedan en un periodo de sobriedad a un programa de autoexclusión y ser boletinados en todos los casinos para negarles el ingreso.
Según la Dirección de Juegos y Sorteos, actualmente existen 350 mil máquinas "tragamonedas" en misceláneas, farmacias y tienditas de todo el país como mercados ambulantes, aunque según las asociaciones de permisionarios, sólo son 250 mil, pero con la nueva ley se prohibirían de tajo todas esas máquinas.
Además cualquier máquina tendría que operar en un establecimiento, pero quien quiera ingresar requerirá contar con 21 años de edad, con lo que, al menos en teoría, se evitaría que nuestros niños y nuestros jóvenes sufran de adicciones patológicas al juego desde temprana edad.
Asimismo, se introducirían medidas también contra el lavado de dinero, amén de que cada permiso sólo amparará a un establecimiento, ya que actualmente existen permisos que amparan hasta a 96 locales sin establecer para qué municipios, y de ahí la corrupción en estas demarcaciones y papelería apócrifa que se clonó para abrir algunos casinos.
Estos fueron el caso de la delegación Miguel Hidalgo, en Polanco, donde finalmente se prohibió un casino que operaba o iba a operar con papelería ilegal en la Ciudad de México, aunque en municipios lejanos como Othón P. Blanco, en Quintana Roo, operaba sospechosamente uno en el Boulevard Bahía, al parecer tolerado por el Ayuntamiento que encabeza Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Por estos motivos no poco legisladores votaron a favor de ese trabajo plural que incluyó a los de oposición -excepto el Partido del Trabajo-, pese a que falta mucho por avanzar en varios renglones y subsanar deficiencias para regular esta industria, cuyas "contras" daremos a conocer en nueva colaboración.
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