EN PRIMERA FILA POR LUIS A. CABAÑAS BASULTO
Chetumal, Q. Roo, jueves 9 de octubre de 2014.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Human Right Watch (HRW) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) solicitaron desde el 20 de junio de 2013 al gobierno de Peña Nieto investigar de manera exhaustiva e imparcial el asesinato de tres activistas políticos en Guerrero, ya que las éstos temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales.
Las víctimas fueron Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, encontrados muertos sobre una autopista, en un hecho que involucraba directamente al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ahora prófugo de la justicia. Previo al hallazgo, los hoy occisos habían desaparecido tras bloquear la autopista en protesta contra la política del gobierno local.
En documento enviado al Gobierno Federal antes de esos crímenes, Human Right Watch decía tener un fundado temor de que Abarca Velázquez pudiese ordenar asesinar a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social Unidad Popular, en una de tantas señales de que en Iguala las cosas no marchaban bien, consigna una información del portal SinEmbargo http://www.sinembargo.mx/09-10-2014/1138521
Los ataques armados de Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre último, en el que fallecieron seis personas y mantienen en vilo el paradero de 43 estudiantes normalistas, se pudieron evitar si las autoridades no hubieran sido omisas en investigar al alcalde con licencia de ese municipio,
Como diría el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo en la reciente sesión de su Cámara, hay muertes que se llevan pedazos del alma y dejan profundo dolor, más aun cuando son producto de un crimen, y los criminales gozan de impunidad. Las huellas de estos miserables crímenes son tan profundas que los criminales no podrán ocultarlas.
Lamentablemente, las matanzas, genocidios de nuestro país han quedado en la impunidad prácticamente, la primera de ellas del dos de octubre 1968, de estudiantes en Tlatelolco, del que hasta hoy el Estado mexicano se ha negado a una Comisión de la Verdad para dar con los responsables y castigarlos.
La sangrienta, impune lista continúa con la de junio de 1971, con la matanza de estudiantes; junio 1995, de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero; diciembre de 1997, de indígenas en Acteal, Chiapas; junio 1998, de campesinos en El Charco, Guerrero; febrero 2006, muerte de mineros, en Pasta de Conchos, Coahuila; y diciembre 2011, asesinato de tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
A la lista se suma la de este 26 de septiembre, sobre la cual el Senado discutió el rumbo que le darían al caso para no quedar en la impunidad, y que ésta no siga cabalgando sin control a lo largo del país, ante la pasividad de quienes tienen la obligación de combatirla sin miramientos por el bien del pueblo y no del interés político, que traería como consecuencia una cloaca imposible de contener por su acumulación de saciedad, producto de la impunidad y corrupción.
México ha padecido éstas por años y años de regímenes autoritarios que encontraron la salida para silenciar los reclamos de una sociedad en la implementación del terror a través del encarcelamiento, la fabricación de delitos, desapariciones forzadas y masacres como la de Iguala.
En este terrible caso murieron seis personas -tres estudiantes-, resultaron 20 heridos y había 57 desaparecidos, lo que sólo puede calificarse como crimen de Estado, crimen de lesa humanidad que no debe quedar impune e investigar hasta sus últimas consecuencias por el bien del país. Se debe encontrar la verdad histórica y deslindar responsabilidades hasta dar con los responsables materiales e intelectuales y castigarlos en forma ejemplar.
Hay preguntas que se hace el pueblo, y es necesario aclararlas aunque duela, ya que tratar de tapar el sol con un dedo solo agravaría el problema y traería una reacción ciudadana de consecuencias impredecibles.
¿Por qué no actúo el Gobierno Federal si la PGR y Gobernación tuvieron conocimiento del secuestro inicial de Hernández Cardona a través de una declaración notarial firmada por uno de los sobrevivientes del secuestro colectivo? ¿Quién ordenó el secuestro y tortura? ¿Quién lo ejecutó?
La respuesta del titular de Gobernación al denunciante fue "lo voy a revisar". ¿Cuántas veces se han escuchado estas respuestas de funcionarios de todos los niveles a quienes se acercan a pedir justicia? Como dice el pueblo, "hasta que se ahoga el niño quieren tapar el pozo".
Ahora sí, la PGR atrajo el caso, la Gendarmería Nacional tomó el control de la seguridad en Iguala, Monte Rubido ya volteó los ojos a Iguala, Ahora sí, después del crimen perpetrado contra 43 normalistas, la Federación toma las riendas de Iguala.
¿Por qué hasta ahora? Son las preguntas reiteradas que el pueblo de Guerrero y México se hacen con profunda tristeza, pero también con profunda indignación.
Ante estos momentos de dolor colectivo por la muerte de ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, los legisladores no le debe regatear al pueblo la exigencia de justicia, hasta dar con el paradero de los responsables, sean quienes sean y vengan de donde vengan, para llevarlos ante la justicia para mitigar en algo el profundo dolor de familiares y pueblo, ante la muerte de profesores en ciernes, cuyo único delito era exigir mejores condiciones en el proceso de aprendizaje para ser mejores maestros de México.
Por todos los muertos de la histórica Normal "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, existe el deber ético y político de honrarlos y exigir que se castigue con todo el rigor de la ley a los asesinos materiales e intelectuales, aunque también justicia para los muertos de México 68 y 71, Agua Fría de Oaxaca, Aguas Blancas y El charco, Guerrero; Acteal, Chiapas, San Salvador Atenco; de la APPO, de Oaxaca, y Pasta de Conchos, entre los más conocidos.
Sólo así, los muertos podrán descansar, y el pueblo…, tal vez vivir con un poco de tranquilidad.
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