EN PRIMERA FILA POR LUIS A. CABAÑAS BASULTO
Chetumal, Q. Roo, sábado 13 de septiembre de 2014.-En lo que pareciera ser el fin de la impunidad del ex gobernador de Quintana Roo, Félix González, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso este viernes una multa por 1.1 millones de dólares -más de 13 millones de pesos- al Dragon Mart Cancún que, cuestionado por ambientalistas y empresarios, habría dañado al ecosistema.
Construido en terrenos de Puerto Morelos y cerca de Cancún con capital chino, el gigantesco proyecto, surgido de manera controvertida bajo el amparo del gobierno priísta de Félix González, había sido sancionado con más de 500 mil dólares en agosto por carecer de autorización de impacto ambiental, y ahora la Profepa le impuso otra, de 208 mil dólares, y le exhortó a pagar 897 mil dólares más para reparar daños.
Conforme a la agencia AFP, la Procuraduría informó que Dragon Mart "no cuenta con la autorización federal en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales", y que la obra dañó ecosistemas de selva y vegetación hidrófila de la zona, aunque desde el principio enfrentó una serie de obstáculos entre autoridades municipales y ambientales en permiso de edificación, lo que solventó con recursos legales.
Con una inversión promedio de 180 millones de dólares en 418 hectáreas proyectadas en un área catalogada reserva natural de la Riviera Maya y similar al complejo de Dubai, el proyecto lo impulsa el empresario chino Hao Feng, aunque, a diferencia del primero, inaugurado de 2004, la apertura de aquél estaba programada para noviembre, como el segundo complejo comercial nipón más importante del mundo fuera de su país.
Cabeza visible del proyecto, el director y socio de Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, siempre dijo confiar en la viabilidad de éste, pues lo habían verificados y vuelto a verificar muchas veces, pero no le habían podido demostrar irregularidades en el tema ambiental, por lo que desde noviembre del 2013 arrancó la primera etapa de construcción.
Entre sus principales detractores se incluyen la diputada federal perredista por Quintana Roo, Graciela Saldaña Freyre, y el senador panista yucateco Daniel Ávila Ruiz, quien, en el mejor de los casos, anticipó en marzo último que la Profepa podría clausurar el Dragon Mart por carecer de autorización ambiental federal.
La lucha contra el megaproyecto, no obstante, se estrellaba una y otra vez ante la poderosa influencia de su principal impulsor, Félix González, quien, de controvertido senador federal, donde no se había distinguido precisamente por su activismo legislativo ni capacidad, saltó hacia la delegación del PRI en Nuevo León.
La buena suerte del mandatario pareció comenzar a cambiarle a mediados de año, cuando, tras la detención del ex gobernador de Tabasco, el también priísta Andrés Granier Melo, todo hacía suponer que el de Quintana Roo se convertiría en embajador de Relaciones Exteriores para su inmunidad en otro país y se olvidara el enorme "hueco" que dejó en las finanzas de su Estado.
La "jugada", con la que su suplente Cora Amalia Castilla arribaría al Senado y Judith Rodríguez Villanueva relevaría a ésta en el Congreso local, no cuajó como se esperaba y continuó el malestar generalizado contra el ex gobernador, por lo que el presidente Peña Nieto optó por nueva estrategia ante los malos manejos de los gobernantes de su partido.
En este sentido, el mandatario habría optado por demostrar con Félix González que en su gobierno existe el Estado de Derecho, para lo cual la PGR inició una investigación por "lavado" de dinero contra un empresario cercano a aquél, Ricardo Antonio Vega Serrador, conocido como "zar de la gasolina" en el Sureste, aunque, en realidad, van contra él.
Como se sabe, el quintanarroense ha sido señalado una y otra vez de ser socio, propietario o emplear "prestanombres" para invertir no sólo en gasolineras, sino también en farmacias y otros negocios, tampoco sólo en Chetumal, sino también en Cancún y su natal Cozumel, inclusive en Dubai, aunque la cereza del pastel sería el Dragon Mart.
En el caso de Vega Serrador, a quien algunas fuentes ligan como socio suyo, éste controla la tercera parte de las estaciones de combustible en Quintana Roo gracias a las facilidades que le otorgó el ex gobernador, y que en Chetumal arreciaron durante el periodo del priísta Andrés Ruiz Morcillo, se prolongaron durante el del mitómano Carlos Mario Villanueva Tenorio y continúan con Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Inclusive, no pocos aseguran que Félix González presionó en su momento a Ruiz Morcillo para la firma del millonario, fraudulento contrato del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para la compra y "mantenimiento" de las onerosas lámparas "Leds" diseminadas por todo el municipio, en un negocio en el que resultó favorecido un familiar del ex gobernante.
En todos los casos, tanto Ruiz Morcillo como el soberbio Villanueva Tenorio y Abuxapqui han guardado sepulcral silencio, principalmente respecto al origen y propiedad de las gasolineras, que proliferan por Chetumal y otras comunidades pese a las promesas de campaña del último.
Conforme extenso reportaje de Luces del Siglo, hasta el año pasado había 150 estaciones de servicio en Quintana Roo, 80 de ellas en Cancún y casi la mitad de todas controladas por Vega Serrador y el yucateco Emilio Loret de Mola Gómory. La empresa matriz del primero se llama Corpogas pero las franquicias operan a través de 30 diferentes sociedades anónimas, entre ellas Servicio Mar Caribeño.
Asimismo, Servicio Kohunlich, Gas Taurus, Servicios Jazmín, Estación de Servicio Los Avallanos, Inmobiliaria Claveles, Estación de Servicio La Costa, Servicio Orquídeas, Inmobiliaria Tres Islas, Servicio Delfines, Rimatove y Caimanes e Inmobiliaria Monosabio, entre otras, la mayoría creadas durante el sexenio de Félix González y avaladas por el notario José Arjona Iglesias, ex delegado inhabilitado de la Semarnat.
Como se sabe, el ex gobernador chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz concluyó su sexenio en 2005 con una aceptable deuda pública por mil 300 millones de pesos, pero su sucesor cozumeleño Félix González heredó al gobierno de Roberto Borge la estratosférica deuda de 10 mil 500 millones, que obligaron a éste a contratar nuevos empréstitos para el pago de intereses. Al cierre del 2013, Quintana Roo adeudaba 17 mil 762 mdp.
Por si fuera poco, el todavía senador creó 12 inútiles e innecesarias dependencias que, con amigos suyos al frente, año con año representaban una erogación de 500 millones de pesos, lo que también obligó a Roberto Borge a una política de adelgazamiento de la excesiva burocracia que tanto se le ha cuestionado.
Como bien mencionaba el periodista Carlos Cantón Zetina, el 14 de octubre del 2010, la conductora de CNN en Español, Claudia Palacios, entrevistó al entonces gobernador y, ante millones de televidentes, sobre todo de Estados Unidos, le dijo: "En su contra hay algunos procesos por tráfico de influencias, abuso de funciones y desvío de recursos públicos…
"¿Van a quedar estos procesos aclarados antes de que usted deje su cargo? ¿De esos cargos usted se declara inocente… usted va a enfrentar a la justicia cuando le toque?". Titubeante, el cozumeleño dijo que sí, que la enfrentaría.
Hoy, decía el columnista y coincidimos con él ¡parece que ha llegado ese momento!
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