Por: Redacción / Sinembargo - septiembre 3 de 2014 - 21:05
Organizaciones No Gubernamentales que pugnan por el medio ambiente, la competitividad y la transparencia convocaron a la sociedad civil para formar un Observatorio Ciudadano que vigile el uso y rendición de cuentas de los recursos públicos que se invertirán en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además de evitar la corrupción y evaluar y prevenir los riesgos ambientales del proyecto, calificado por el gobierno de Enrique Peña Nieto como la obra de infraestructura más importante de su sexenio.
También esta tarde –y antes de la convocatoria lanzada por las organizaciones civiles mexicanas– se anunció que el diseño del nuevo AICM correrá a cargo del prestigiado arquitecto inglés Norman Foster y del mexicano Fernando Romero, quien es yerno del empresario Carlos Slim Helú.
En la primera etapa de construcción, que llevaría cinco años, se tendrían tres pistas de aterrizaje con capacidad para recibir un avión Airbus A380, considerado el más grande del mundo. En la segunda, que iniciaría luego del lapso mencionado, se contemplan las últimas tres pistas para sumar un total de seis.
La zona idónea para la obra, se dijo, es el vaso de Texcoco, en el Estado de México.
Ante estas noticias, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ México) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), convocaron a la sociedad civil y a las autoridades para participar en un diálogo y evaluar la propuesta del gobierno federal para la construcción de lo que llaman “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”.
OPACIDAD Y DAÑOS ECOLÓGICOS
Los organismos ciudadanos consideran que, dada la magnitud de ese proyecto que posiblemente lo convertirá en la obra de infraestructura más importante de la actual administración, hay implicaciones de “riesgos en términos de medio ambiente, factibilidad técnica y dinámicas de desarrollo urbano”.
La construcción de un nuevo aeropuerto tiene el potencial de generar una serie de beneficios, que van desde mejores servicios para los usuarios hasta impulsar una mayor competitividad y desarrollo económico para todo el país, reconocieron los integrantes de estas asociaciones.
Sin embargo, destacaron, “los impactos económicos, sociales y ambientales deben someterse a una deliberación pública seria, que permita evaluar el proyecto y señalar los riesgos que deberán ser atendidos por las autoridades”.
También plantearon que “la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para prevenir actos de corrupción, posibilitar una discusión pública de calidad y asegurar que los compromisos del gobierno se concreten, particularmente dada la naturaleza transexenal de un proyecto como éste”.
Por ello invitaron a la sociedad civil organizada a participar en un diálogo constructivo que permita hacer un análisis independiente e informado, sobre la propuesta para el nuevo AICM anunciada por el Presidente de la República.
Estos ciudadanos establecieron que el diálogo se desarrolle en octubre próximo, en una serie de foros públicos temáticos y talleres de análisis, con la colaboración de instituciones académicas, expertos de distintas disciplinas y otros organismos civiles.
En esos espacios, explicaron, se revisará a fondo la propuesta del gobierno, con el fin de evaluarla y generar recomendaciones orientadas a optimizar sus impactos económicos, ambientales y sociales.
Los principales ejes de análisis propuestos son: –Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. –Medio ambiente –Movilidad y conectividad. –Inclusión social (impacto en comunidades aledañas). –Competitividad. –Desarrollo Urbano.
CORRUPCIÓN: EL MAL CRECE
El Foro Económico Mundial, en su reporte sobre competitividad 2013-2014, planteó que la corrupción es la primera causa que limita para hacer negocios en México, seguida por la inseguridad pública y por la ineficiencia del gobierno.
Por su parte, Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 106 de 177 países en cuanto a la percepción sobre la corrupción y lo calificó con 34 de 100 puntos.
Megaobras, como la del AICM, generarán descontento social si el gobierno se las impone a la ciudadanía: analistas
Por: David Martínez Huerta - septiembre 3 de 2014
La ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM), en los mismos terrenos en donde alguna vez, un proyecto similar quedó empantanado durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.
Inmediatamente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) advirtió que estaba dispuesto a defender más de cinco mil hectáreas de sus tierras. A través de un comunicado, el grupo integrado por pobladores de San Salvador Atenco, y de otras comunidades de municipios del Estado de México, entidad que gobernó Peña de de 2001 a 2009, anunció que no permitirán que Peña Nieto ni el Gobernador Eruviel Ávila Villegas los despojen de sus tierras.
“El proyecto sigue siendo el mismo: el aeropuerto. Le cambian nombres, como proyecto Lago Ecológico, Ciudad Futura, pero todo es lo mismo, el despojo de la tierra por parte del gobierno federal. Nosotros seguimos luchando, defendiendo la tierra”, aseguró el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Adán Espinoza Rojas.
El gobierno federal prevé una serie de megaconstrucciones y obras monumentales, principalmente en el sector hidroeléctrico, que pretenden detonar el desarrollo de infraestructura, generar empleos y catapultar la economía nacional.
Sin embargo, legisladores de oposición y académicos advirtieron un grave descontento social y conflictos de diversa intensidad, si el gobierno federal pretende imponer la construcción de estas megaobras sin consultar a la ciudadanía, o peor aún, si aprovecha las herramientas jurídicas a su alcance para despojar a los propietarios de estas tierras.
Sin embargo, legisladores de oposición y académicos advirtieron un grave descontento social y conflictos de diversa intensidad, si el gobierno federal pretende imponer la construcción de estas megaobras sin consultar a la ciudadanía, o peor aún, si aprovecha las herramientas jurídicas a su alcance para despojar a los propietarios de estas tierras.
“Hay señales de alarma que deben alertar a la clase política, yo no creo que estemos al borde de una ingobernabilidad en estos momentos, pero sí creo que se podría generar si no se atienden algunos de los problemas que está enfrentando la sociedad”, sostuvo Helena Varela Guinot, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, en entrevista para SinEmbargo.
La doctora Helena Varela alertó sobre el descontó social que generarán las megaobras de infraestructura aparejadas con las reformas estrucuturales.
“Los grandes partidos que están tomando las decisiones, de tal manera que están centralizando el poder y fortaleciendo ciertos espacios institucionales, no le dejan a la ciudadanía espacios para participar, para poder intervenir, de alguna manera, en los procesos de toma de decisiones, por lo que el riesgo que se corre es que ante cualquier crisis surja el conflicto”, dijo.
Por su parte Francisco Cravioto, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresó que sí observa riesgos de regresión democrática, por las imposiciones de las clases gobernantes, sin tomar en cuenta la decisión de la ciudadanía.
“Nos lleva a un régimen de democracia simulada donde básicamente simulamos que participamos en las elecciones, los resultados no son precisamente transparentes, no hay mecanismos de revocación de mandato u otras formas de sancionar, de tal forma que cuando los servidores públicos llegan al poder, pues son libres de hacer y deshacer a su antojo”, destacó el investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
CONSECUENCIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Para el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, lo estipulado en el capítulo cuarto de la Ley de Hidrocarburos “Del Uso y Ocupación Superficial” no deja espacio de movimiento para que el ciudadano opine de forma libre e informada sobre si acepta o no, ceder su territorio para la extracción de los energéticos.
“Cuando hay una imposición, que el ciudadano percibe como injusta, y no le dejan abierta ninguna perta institucional por la cual expresar su descontento, es de esperarse que aumente el descontento social en todo el país”, afirmó Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
Al respecto, la doctora Helena Varela, académica de la Ibero, señaló que los partidos políticos y la clase gobernante deberá poner especial atención en evitar que se conviertan en crisis los conflictos sociales que podría generar la implementación de la legislación secundaria de la reforma energética.
“No estamos al borde de la ingobernabilidad, pero creo que tenemos los suficientes elementos como para estar alertas para evitar que se produzca una situación de estas características.
A mí me preocupa, por ejemplo, todo lo que tiene con la cuestión de tierras, en el momento en que se ponga en práctica la reforma energética y toda esta cuestión de que se podrán expropiar ciertos terrenos para la explotación de recursos”, detalló.
Si bien es cierto que la Ley de Hidrocarburos prevé mecanismos de negociación para que durante un proceso de medio año las partes involucradas lleguen a acuerdos, también está claro que en caso de no haya arreglo, la ley favorecerá a la empresa promotora del proyecto, con el argumento de que los hidrocarburos son un asunto de interés público.
“Hay una suerte de figura intermediadora, pero son muy altos los riesgos de que eso genere conflictos por las tierras”, enfatizó la académica de la Ibero.
“El tema del suelo, el tema de la tierra, es un tema que el PRI [Partido Revolucionario Institucional] lo entiende en la lógica de la ganancia del dinero, de la codicia.
Del lado de la población, que no es un pueblo tonto, es un asunto delicado. Entonces será un tema de cuidado”.
Existen en Veracruz proyectos para construir 112 presas y represas con el propósito de producir energía eléctrica. Lo cual ha provocado la movilización de las poblaciones de Jalcomulco y Filobobos.
En Jalcomulco, la organización de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) instaló un campamento a un costado del río para evitar la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa privada Odebretch.
Desde febrero pasado, PUCARL interpuso un proceso jurídico a nombre de una colectividad de mil 800 personas, para demandar a las empresas Odebretch y Geogrupo por pretender construir una obra que pone en riesgo a millón 290 mil habitantes de la cuenca de La Antigua, y que atenta contra el medio ambiente.
Tras siete meses de protestas, para solicitar la cancelación de la veda y la construcción de proyectos hidroeléctricos en el río, PUCARL ha logrado que los inversionistas brasileños se desistan de la construcción. Pero no es lo único.
Durante el presente periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se presentarán iniciativas que pretenden impulsar una reforma integral al campo que fomentará el proceso de privatización al agro. Asimismo, se prepara una enmienda a la Ley General de Aguas Nacionales, con lo cual, se favorecerá a la iniciativa privada en detrimento de la mayoría de los mexicanos.
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