+ Los motivos de las históricas manifestaciones contra el presidente de la República
+ Erróneas políticas gubernamentales y la inacción de Los Pinos causan inconformidad
CONSTE! POR CARLOS CANTÓN ZETINA*
En Quintana Roo, las inéditas y recias manifestaciones de protesta contra Enrique Peña Nieto no han sido sólo por la desaparición de los 43 maestros normalistas de Guerrero: también son reflejo del gran malestar de la población contra políticas de gobierno.
Es inexacto que "todo el pueblo" apoye al presidente priista, como dijo su correligionario y gobernador Roberto Borge Angulo el jueves 20, día en que coincidentemente se acrecentaron los reclamos contra EPN en el estado y en el resto del país e incluso en partes del extranjero. Aquí, la gran mayoría lo repudia.
(En julio de 2012, QR fue una de las 12 entidades de la República donde perdió las elecciones presidenciales. Lo derrotó Andrés Manuel López Obrador).
No es gratuito el rechazo a Peña Nieto. Nada bien les ha ido a los quintanarroenses a partir de que llegó a Los Pinos.
A la continua alza en gasolina y diésel (incumplida, la promesa presidencial de bajar los precios), se agregan otras medidas federales que afectan particularmente y en forma extrema a los habitantes de esta entidad, habida cuenta de la inflación y el deterioro de la economía familiar que originan:
1.-El tremendo aumento al IVA que pasó de 11% a 16%, en las zonas fronterizas como es el caso de QR. El martes 29 de octubre de 2013, el Senado aprobó la homologación de tal gravamen como parte de la Reforma Hacendaria presentada por Peña Nieto. También autorizó el nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Ha sido un duro golpe a la economía de los quintanarroenses, que enfrentan de por sí una situación de vida cara, por ser una zona fronteriza y turística.
2.-La reciente reducción del subsidio federal a las tarifas eléctricas. Inconcebiblemente, los recibos de luz son altísimos a partir del 15 de octubre en zonas de intenso calor como Cancún, aunque daña también a los habitantes del resto del estado.
A ello debe agregarse la inacción o permisibilidad de la administración peñista en estos casos:
A).- Los sistemáticos y brutales ataques a la libertad de expresión en Quintana Roo. Los han sufrido, aun a la fecha, varios medios y periodistas críticos, así como otros ciudadanos que osan censurar acciones de gobierno. El portal noticioso Noticaribe y la revista impresa Luces del Siglo, son emblemáticos. Se incluye el acoso, también despiadado, contra políticos disidentes.
B).- El colosal crecimiento de la deuda pública estatal. En una sesión nocturna, fast track, por mayoría, el Congreso del estado aprobó el pasado jueves 13 una solicitud del gobernador para contratar nuevos créditos bancarios por mil millones de pesos y reestructurar la deuda pública de casi 14 mil millones de pesos. Con el nuevo préstamo la deuda pública asciende a 14 mil 727 millones 991 mil 143 pesos. La Secretaría de Hacienda federal informó hace unos días que QR es uno de los 4 estados con mayor nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB estatal y sus participaciones federales. (Los otros son Chihuahua, Chiapas y Coahuila).
C).-Los atracos electorales del PRI, con un oneroso costo a cargo del erario y un daño mayúsculo a la democracia quintanarroense.
D).- La desviación de millonarios recursos por parte de algunos delegados federales en el estado, como Fabián Vallado, de Sedesol, y Francisco Elizondo Garrilo, de la SCT. Se priva de ayuda elemental a las clases marginadas, principalmente, a cambio de apoyar campañas electorales o acrecentar fortunas personales.
PEÑA NIETO
Así, ¿cómo no va a ser QR caldo de cultivo para replicar los actos de inconformidad contra el presidente de la República?.
Justamente en el importante polo turístico que es Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez, la Marcha por Ayotzinapa, convertida en Marcha Anti-EPN, constituyó la más grande manifestación este jueves 20. Cerca de 4.000 personas, principalmente jóvenes estudiantes y maestros, pero también mujeres, hombre y niños, se lanzaron a las calles.
Es reprobable que funcionarios del gobierno estatal hayan tratado de sabotear es marcha al difundir en redes sociales el rumor de que se había cancelado. Igual, que el alcalde priista Paul Carrillo de Cáceres fortificara el Palacio Municipal y dejara sin policías a la ciudad. Movilizó a cerca de 500 preventivos para "vigilar" el Malecón Tajamar, el acceso a la Zona Hotelera de Cancún y –primordialmente– el Palacio.
No menos condenable es la actitud de la Rectora de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), Elina Coral Castilla, quien pretendió evitar el reclamo estudiantil el jueves 20 en Chetumal. Con el fútil pretexto de que las instalaciones serían fumigadas les cerró las instalaciones del plantel.
"¡No somos plaga, somos estudiantes!", fue el mensaje que enviaron a la rectora, por su intentona de coartar un evento cultural de protesta programado en la explana de la Uqroo. Unos 700 universitarios y estudiantes de diversas escuelas de nivel medio y superior de la capital del estado, marcharon por todo el Boulevard Bahía hasta llegar al domo del Parque de la Alameda (frente a palacio municipal).
Las protestas se dieron no sólo en Chetumal y Cancún, sino también en los municipios de la Zona Maya, como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, especialmente golpeados por las erróneas políticas gubernamentales.
En todos los casos hubo arengas y mantas o cartulinas para reprobar a Peña Nieto. Y el carácter pacífico fue el sello general. Ningún incidente violento.
Ya anteriormente, en octubre (lunes 6 y miércoles 8), #Ayotzinapa, #LosQueremosVivos y el rechazo a EPN hizo que en varios municipios se manifestaran grupos de ciudadanos.
Los intentos del gobierno de Quintana Roo por evitar o reprimir la protesta social tienen un antecedente:
El martes 26 de mayo de este año entró en vigor la polémica Ley de Ordenamiento Cívico al publicarse en el Periódico Oficial estatal. QR se convirtió así en el primer estado en regular las marchas en el país. Por mayoría la aprobó el 30 de abril el Congreso quintanarroense.
No es otra cosa que la versión 'depilada' y 'light' de la llamada Ley Antimarchas que el 25 de marzo anterior ya habían aprobado los propios diputados. Recularon, ante la ola de inconformidad.
La original, denominada Ley de Ordenamiento Social, propuesta por el legislador priista Juan Carrillo Soberanis, era un intento inconstitucional por restringir las manifestaciones en el estado: prohibía las protestas en sitios públicos como plazas y edificios de valor histórico o turístico, así como las marchas sobre vías primarias y zonas turísticas. Por supuesto prohibía el bloqueo de carreteras o calles, con la facultad para el Estado de usar la fuerza pública para ejecutar un desalojo en caso de cualquiera de estas posibilidades. Además, uno de los elementos más criticados, es que se obligaba a quienes pretendieran manifestarse a dar aviso a las autoridades con 48 horas de anticipación.
¡Imagínese usted lo que hubiera pasado este jueves 20 de noviembre si esta última Ley es la que rigiera ya a Quintana Roo!. No se habrían dado las manifestaciones o, peor aún, la represión oficial habría tenido manga ancha…
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