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José de la Peña Ruiz de Chávez; el contralor Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; y el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Rodríguez Méndez dieron a conocer la noticia.
Se dictamina la inhabilitación por 10 años de la ex
titular de la Unidad Jurídica Laboral de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, María Cristina Jáuregui Pech, y del ex administrador de la Opabiem,
Luis Orlando Pérez Escobedo, ambos con respectiva penalidad económica.
En la misma situación está por un año el ex titular de
la Unidad Jurídica del DIF Benito Juárez, Sergio Martín Miranda Suaste;
mientras que el inspector de Comercio en la Vía Pública, Carlos Javier Muñoz
Moreno, fue cesado.
Hay al menos alrededor de 20 ex funcionarios que están
en el periodo de fundamentación de observaciones, otros a los que ya se inició
la queja y algunos en procedimientos administrativos.
POR FRANCO TIRADO REGINO
Cancún, Quintana Roo, 22 de enero de 2014.- La
Contraloría Municipal de Benito Juárez dictaminó la inhabilitación de tres ex
servidores públicos y la destitución de uno, pertenecientes a la pasada
administración municipal 2011-2013, que encabezó Julián Ricalde Magaña, por el
daño patrimonial que causaron al Ayuntamiento y, por ende a los ciudadanos, y
de acuerdo a las revisiones y observaciones que por ley se realizan hacia la
anterior gestión.
La resolución fue dada a conocer en conferencia de
prensa por el secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de
Chávez; el contralor Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; y el director de Asuntos
Jurídicos, Jorge Rodríguez Méndez, quienes presentaron este avance de los
procedimientos realizados en tiempo y forma respecto a la responsabilidad de ex
trabajadores de diferentes áreas y dependencias de la administración pública.
“Los sancionados se trata de funcionarios de la
administración pública que llevan mucho tiempo laborando en este H.
Ayuntamiento, sin que se maneje un tema como revanchismo. Es una acción institucional
porque son funcionarios sin vínculo a una persona en particular”, aseveró José
de la Peña.
Alonso de Jesús Alonzo anunció que con base en el
diagnóstico se dictaminó la inhabilitación por 10 años de la ex titular de la
Unidad Jurídica Laboral de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, María
Cristina Jáuregui Pech, a quien también se le emitió una sanción económica por
2 millones 57 mil 810.06 pesos, debido a que tuvo una conducta atípica en su
desempeño como servidora pública y ocasionó un daño al erario patrimonial
calculado en 29 millones de pesos, por la pérdida negligente de al menos 20
juicios laborales.
En este caso en particular, se precisó que el área
jurídica municipal valora la posible conformación de una denuncia por el delito
de omisión, para que sea sancionado conforme a la ley.
Por otra parte, se inhabilitará por 10 años al ex
administrador de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem),
Luis Orlando Pérez Escobedo, que en su momento cobró una liquidación sin autorización
del área por 215 mil 490.86 pesos, lo
que ocasionará además una sanción económica por 430 mil 981.72 pesos.
De igual manera, se dio a conocer la inhabilitación
por un año y sanción económica de seis mil pesos para el ex titular de la
Unidad Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
Benito Juárez, Sergio Martín Miranda Suaste, por efectuar un trámite sin
presentar la comprobación correspondiente y por ende, causar un erario al
municipio; y la destitución de un inspector de Comercio en la Vía Pública,
Carlos Javier Muñoz Moreno, por presunto acto de corrupción en contra de un
vendedor ambulante.
El director jurídico municipal detalló que los
anteriores ex trabajadores ya fueron notificados y dependiendo los recursos
legales que cada uno presente, como pueden ser revocación, juicio de nulidad o
de amparo, al término de cada caso se aplicaría la inhabilitación y procedería
el cobro de la sanción económica calculada, aunque de no pagarla se convertiría
en un crédito fiscal.
Finalmente, el Contralor indicó que hay al menos
otros 20 ex funcionarios que están en el periodo de fundamentación de
observaciones, otros a los que ya se inició la queja y algunos en
procedimientos administrativos, también que laboraron en la administración
pasada, por lo que se seguirá el procedimiento de ley para dictaminar lo
conducente.
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