Chetumal, Q. Roo, lunes 30 de septiembre de 2013.- Los recientes conflictos magisteriales, que provocaron una seria preocupación en las autoridades gubernamentales por sus consecuencias, también obligaron a la población a abrir los ojos y tener conciencia sobre la problemática del sector educativo que, quiérase o no, otrora preocupaba sólo cuando nuestros hijos volvían a la casa por la falta de algún maestro.
Al radicalizarse el problema magisterial a nivel nacional con el empuje permanente de los trabajadores del sector y la intromisión de agentes "extraños" en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y otras entidades, de las que no escapó Quintana Roo por el decreto de la Reforma Educativa y sus Leyes Primarias, nos dimos a la tarea de revisar importante información que permita una mayor y mejor visión de hechos.
En este sentido, analizamos el sistema educativo nacional, por principio de cuentas en el financiamiento público de la educación obligatoria, particularmente en el nivel básico, a efecto de identificar los obstáculos y retos que enfrenta la política de gasto público en el sector.
Como factor central para la promoción del desarrollo de una nación, la educación, con todo y los planteamientos sobre corrupción y mala administración, ha sido una preocupación constante del gobierno mexicano. La estrategia en el sector se ha concentrado principalmente en consolidar un sistema para ampliar el acceso de la población a esos servicios, con importantes ampliaciones al presupuesto.
No obstante, mediciones internacionales y evaluaciones nacionales del sistema educativo siguen evidenciando retos para mejorar, lo que obliga a analizar estructura y destino del gasto público en educación para valorar su pertinencia de diseño y contribución al quehacer educativo.
La educación en México forma parte de las garantías individuales como derecho social consagrado en el artículo tercero de la Constitución, en virtud del cual el Estado está obligado a garantizar la oferta de servicios educativos bajo principios de gratuidad y laicidad. En este precepto, los niveles educativos obligatorios abarcan la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, lo que significa asegurar unos 15 años de instrucción.
Según el INEGI, en 2010 se registraron 37.4 millones de personas en edad escolar obligatoria (de 3 a 19 años), cifra que representa el 33% de la población total del país, donde sólo 76% asiste a la escuela, mientras que el 24% no recibe alguna instrucción.
El sistema de educación nacional se conforma por tres tipos educativos -de los cuales los dos primeros son obligatorios- educación básica, media superior y superior, en tanto se distinguen distintos niveles de servicios, así como cuatro tipos de control administrativo y sostenimiento.
Hasta el ciclo escolar 2012-2013, el sistema educativo nacional atiendía a 33.5 millones de alumnos en todos sus niveles, administraba 250 mil 500 planteles y la plantilla de docentes era de 1.8 millones. La primaria tenía la mayor demanda, con más del 75% de la matrícula, 65% de los maestros y más de 90% de las escuelas.
Para operar el sistema, las fuentes de financiamiento son los sectores público y privado. El primero reúne aportaciones financieras de los gobiernos federal, estatal y municipal. En 2012, el gasto educativo nacional registró su mayor nivel, con 975 mil 723.3 millones de pesos, de los que la Federación aportó el 62.3 por ciento; los Estados, el 16 por ciento; los municipios, el 0.2 por ciento, y el sector privado, el 21.5 por ciento.
El gasto privado en el campo educativo se refiere a los recursos que destinan los particulares como usuarios de los servicios, tanto en instituciones públicas como privadas. No obstante, cuantificar el gasto de los hogares implica medir el costo de oportunidad y los gastos tangibles de las familias.
De acuerdo con la SEP, estas aportaciones privadas superan las de los gobiernos locales a la educación, a grado tal que en 1990, de cada 100 pesos gastados en el sector, 92 procedían del sector público, y el resto del privado, mientras que en 2012, más de 21 pesos provinieron de éste.
En las últimas dos décadas, el gasto nacional en educación ha presentado una tendencia creciente. Durante los años 90, la tasa de crecimiento real promedio anual fue del 11.4% debido a la creación de nuevas partidas del presupuesto al sector, mientras que, para la década de los años dos mil, la tasa de crecimiento fue del 3.4% anual.
Por otro lado, pese a que la aportación de la Federación es mucho mayor que la de otras fuentes de financiamiento, en los últimos años redujo sustancialmente su participación. Hasta 1995, contribuyó con 85% del gasto nacional, y desde ese año ha reducido su contribución en más del 20%.
En torno a la distribución del gasto federal educativo, la educación básica ha sido principal destino de los recursos. En 2012, se le asignó más de 50%; a educación media, 11.5%, y a educación superior, el 22.3%.
En términos absolutos, el gasto nacional en la materia es más alto respecto al pasado. En 2012, representó 6.3 puntos porcentuales del PIB, mientras que en 1990 era el 4%. Otra comparativa muestra que representó 30% del gasto programable en 2012, y que en el comparativo internacional, se ubica a México por arriba del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Sin embargo, sólo presenta un panorama parcial, ya que en gasto por estudiante a nivel internacional, está en penúltimo lugar. En el desglose de gasto promedio anual por alumno y nivel educativo, los demás países de la OCDE erogan niveles superiores a los que destina México, lo que no es privativo de nuestro país, ya que Brasil, Argentina y Chile muestran un comportamiento similar.
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