CORRUPCIÓN
'Maniatan' a Córdova
011 de July de 2014
'Maniatan' a Córdova
Por cortesia del periódico Quequi.- Inhabilita el Ayuntamiento de
Benito Juárez por tres años a la ex funcionaria de Ricalde, por incumplir
proceso de entrega-recepción.
El gobierno municipal de Benito Juárez inhabilitó a la ex
directora de organismos descentralizados, María Eugenia Córdova, por no haber
realizado el proceso de Entrega-Recepción, con lo que ya suman seis ex
funcionarios (de una lista de 20) sancionados de esta manera.
Se trata de miembros del gabinete encabezado por el alcalde
perredista, Julián Ricalde Magaña, contra quien persiste el rumor de que sería
el único de los ex ediles salientes que podría ser conducido a prisión o por lo
menos inhabilitado.
Mediante un edicto, el Contralor dio a conocer la
inhabilitación por tres años de la ex oficial mayor y ex directora de
organismos descentralizados, quien también pertenece a la corriente ADN de
Julián Ricalde y fue una de las principales operadoras políticas durante el
pasado proceso electoral.
Su presunta falta fue
“no realizar el proceso de entrega-recepción durante el cambio de
administración”.
De este modo María
Eugenia no podrá desempeñar cargo público alguno según lo establecido en la
fracción VI del artículo 57 en correlación a la parte final del último párrafo
del artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
estado.
Pero no solamente eso, sino que queda abierta la posibilidad
de que Alonso de Jesús la denuncie ante el Ministerio Público por el delito
“contra el buen despacho de la administración”, consignado en el artículo 243
del Código Penal.
El contralor explicó en entrevista que la sanción se hizo
después que la funcionaria dejara el cargo.
“Simplemente lo deja sin ningún aviso y tampoco lo deja sin
ninguna entrega”, explicó.
Afirmó que Córdova Soler no se presentó a ninguna de las diligencias, por lo
que se le notificó de su inhabilitación a través del edicto y “aún restan dos
más”.
Reiteró que la sanción en contra de la ex funcionaria
solaztequista son tres años de inhabilitación para ocupar un cargo o comisión
en el servicio público.
SEIS Y LOS QUE FALTAN
A lo largo de estos casi 10 meses de actual gestión, el
contralor Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez ha sido quien ha llevado estos
procesos de inhabilitación y ha anunciado que continuarán.
Todo comenzó con la inhabilitación por 10 años y una multa
de 200 mil pesos en contra de Julio Romero, director de Fiscalización, por daño
patrimonial por la suma de 100 mil pesos
(habría perdido esta suma bajo los influjos del alcohol, aunque luego culpó un
supuesto robo), y continúo con la ex titular de la Unidad Jurídica Laboral de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, María Cristina Jáuregui Pech (quien
perdió de forma negligente al menos 20 juicios laborales, costando 29 millones
de pesos de las arcas).
La Contraloría municipal procedió de la misma forma contra el
ex administrador de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, Luis
Orlando Pérez Escobedo (por cobrar una liquidación no autorizada de seis
dígitos); del ex titular de la Unidad Jurídica del DIF, Sergio Martín Miranda
Suaste (por realizar un trámite sin comprobante); y Javier Múñoz Moreno,
destituido como inspector de Comercio en la Vía Pública (por presuntamente
extorsionar a un ambulante).
Poco tiempo después fue sancionado de igual manera el
Secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Humberto Aguilera, por autorizar
cambios de uso de suelo sin pasar por Cabildo, en contubernio con Implan,
acciones que requirieron formar una comisión especial investigadora.
Para entonces, Alonzo Rodríguez ya había anticipado que 20
ex colaboradores de Ricalde serían inhabilitados, incluso el propio ex alcalde,
quien ha afirmado que no ha sido llamado a comparecer.
Más de los ex
servidores públicos en esas circunstancias sería Juan Novelo Góngora, que
fungió como director de alumbrado público y que está tras las rejas por el
millonario robo de luminarias y su venta como chatarra; además del ex director
del Implan, Eduardo Ortiz Jasso, y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública municipal, Jesús Aiza Kaluf.
DATO
Reza el Código Penal: Se sancionará con uno a cinco años de
prisión a los servidores públicos que suspendan la prestación de un servicio
público sin causa justificada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario