CHETUMAL, MX.— Ante la controversia que ha suscitado incluso a nivel nacional la nueva Ley de Ordenamiento Social de Quintana Roo, que plantea por primera vez restringir las manifestaciones en el estado con el argumento de que están cuidando los derechos de terceras personas y garantizar la afluencia turística a la entidad, el Gobernador Roberto Borge hizo una pausa y decidió no publicar, al menos por hoy, esta iniciativa en el Periódico Oficial del Estado para someterla a una revisión.
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, mediante un boletín de prensa, confirmó esta tarde que el Gobernador decidió someter la nueva ley a una “cuidadosa revisión” antes de su publicación.
“El gobernador Roberto Borge Angulo confirma que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y los asesores jurídicos del Congreso del Estado, someterá a una cuidadosa revisión, antes de su publicación, la Ley de Ordenamiento Social para que no se violenten garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución”, refirió.
Aunque el Consejero Jurídico no aclara cuánto tiempo durará la prórroga y si podrían registrarse cambios sustanciales en el documento, es decir, si sólo serán uno o dos días o quizá algunas semanas, quedó en claro que la nueva ley no entrará en vigor hasta que no sea debidamente revisada y publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo.
Aún así, el funcionario defendió la “Ley de Ordenamiento Territorial” (sic) porque “constituye una respuesta a la queja de quienes son afectados en sus derechos ciudadanos al libre tránsito y al disfrute pleno de sus garantías individuales, ya (que) cada vez que hay una marcha en que se bloquea alguna de las principales arterias de la ciudad, la zona hotelera o sus accesos, se afecta a los trabajadores y a los turistas, originándoles gastos imprevistos y perjuicios en sus planes y programas”.
Raúl Labastida Mendoza dijo que el objetivo de esta ley es “proteger los derechos ciudadanos sin menoscabar el libre disfrute de los derechos individuales es indispensable para lograr una sana y justa convivencia colectiva”.
Ayer, el Congreso local aprobó en menos de cinco horas dicha legislación que, entre otras medidas, prohíbe realizar protestas en zonas históricas o turísticas y en vías primarias de las ciudades.
Además, obliga a las agrupaciones a solicitar un permiso con 48 horas de anticipación y, peor aún, los manifestantes “no podrán proferir injurias” ni realizar bloqueos en carreteras ni avenidas.
La decisión del gobierno estatal de frenar la publicación de la ley se da horas después de que el PRD y Morena anunciaron por separado que buscarían crear un frente amplio para echar abajo ese ordenamiento.
Dirigentes estatales de Morena advirtieron que la legislación es “fascista” y es una regresión al Estado autoritario.
El consejero nacional de Morena, Ricardo Velazco, indicó que esa organización se sumará a las acciones contra la ley porque afecta a todos.
“Debemos en conjunto, toda la oposición, hacer un frente contra esta ley”, dijo.
A su vez, el presidente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez, afirmó que esta norma es una “copia muy chafa y tendenciosa” de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
De igual forma, se pronunció por un amplio frente de partido y de organizaciones para revertirla.
En tanto, el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, afirmó que la ley “protege en primer término los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de los turistas, que se veían afectados en cada manifestación, y garantiza que nadie atente contra la industria turística, base de la economía del Estado y principal fuente de empleo en Quintana Roo”.
Pero reconoció que la “ley todavía será revisada, muy cuidadosamente, para garantizar que no se afecten derechos fundamentales o se coarten garantías individuales”.
Cabe mencionar que, como parte del proceso para la emisión de cualquier ley, el Congreso envía los decretos aprobados al Ejecutivo para su promulgación o en dado caso revisarla y hacerle las observaciones que considere el Ejecutivo.
En caso de no haber observaciones, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para mandar a publicar la ley al Periódico Oficial del Estado; pero en caso de que el Ejecutivo tenga observaciones, puede devolver el decreto al Congreso para que sean consideradas. (Noticaribe con información de Proceso)
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