De acuerdo con esta Ley, que promovió el diputado isleño Juan Carrillo Soberanis, no se podrán realizar protestas en zonas históricas o turísticas, ni marchar en las vías primarias de las ciudades. Pero además, quienes decidan manifestarse deberán obtener un permiso 48 horas antes y, de acceder a la autorización, no podrán lanzar injurias y mucho menos bloquear carreteras y avenidas.
Tal y como sucedió con el ascenso del ex subdirector de gobierno del estado, Harley Sosa Guillén a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, la maquinaria estatal operó para que asociaciones no gubernamentales y colegios de profesionales, así como medios de comunicación, validarán está ley ante la opinión pública bajo el argumento de que no viola la Constitución y lo más importante; protege el derecho a terceros.
Ahora, en Q Roo, donde priva la impunidad, donde lo saqueadores de las finanzas públicas se convierten en legisladores, donde se ganan elecciones a través de fraudes, y miles de personas no cuentan con servicios públicos por la corrupción de sus autoridades, y no hay justicia pronta y expedita, la ciudadanía tiene que pedir permiso para manifestarse a quienes los pisotean.
Y sí, sólo faltaba esta Ley, para que el PRI más viejo y rancio del país que gobierna esta entidad; corrupto, déspota, prepotente y autoritario, se adueñara del vasto territorio quintanarroense, desde los poderes oficiales hasta los fácticos, en especial los medios de comunicación escritos y electrónicos, lo que convierte a Quintana Roo en un estado fascista.
Aunque en primera instancia, el gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo defendió la mencionada Ley de Ordenamiento Social a través de su cuenta de Twitter e incluso sostuvo un choque con el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, metió reversa y ordenó suspender temporalmente su publicación en el periódico oficial del Estado, a fin de someterla a revisión jurídica.
Por supuesto, la aparente enmienda de Borge Angulo al trabajo legislativo de sus empleados. No significa que se vaya a modificar la esencia fascista de esa ley, y mucho menos que sea congelada.
La pesca
Empleados de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento Benito Juárez, se quejan que la nueva directora administrativa de esa dependencia, les cobra una cuota de 100 pesos para su partido, el nuevo PRI.
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