Cancún,
Quintana Roo a 19 de agosto de 2014
CON INFORMACION DE ; Prensa PRD
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La
detención arbitraria de líderes del Consejo de Colonias Populares en Felipe
Carrillo Puerto es una muestra de la represión que ejerce el gobierno del
estado en contra de la población
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La
ley de Ordenamiento Cívico fue creada para encarcelar a quien hace reclamos y se
defiende de las injusticias y actos represivos del gobierno de Quintana Roo
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Exhortan
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tome cartas en el
asunto ante la opacidad y falta de reacción del titular de la CDHQROO para
emitir alguna recomendación del caso
La detención de Alfredo Esquivel y
Cab y Teresita Brito Piña, líderes del Consejo de Colonias Populares (COCOPO)
en Felipe Carrillo Puerto demuestra que la “ley del garrote” impuesta por el
gobierno de Quintana Roo es solo para criminalizar la protesta en la entidad,
destacó Julio César Lara Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal
(CCE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Lara Martínez lamentó la actitud del gobierno estatal de
reprender a quienes se manifiestan y defienden sus derechos, como en el caso de
los integrantes del COCOPO, que exigen bajar el costo del agua potable.
“Estas acciones demuestran la
represión que realiza el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, es claro
que la ley del garrote busca meter a la cárcel a todo aquel que manifieste sus
ideas, reclamos y se queje de las injusticias, en pocas palabras, solo
criminalizan la protesta”, denunció.
Por su parte, el diputado local por
el PRD, Jorge Carlos Aguilar Osorio consideró que a la autoridad le hizo falta
tolerancia y comunicación para llegar a acuerdos con la gente de la zona maya,
por lo que acusó que el gobierno de Quintana Roo carece de una sensibilización
política.
Lamentó que en la entidad se reprima
a quien se manifiesta, sobre todo, en el caso de la COCOPO cuando denuncian un
mal servicio por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y
el excesivo cobro que hacen para llevar agua a varias comunidades con alta
marginación, cuyos costos se han elevado hasta en un 400 por ciento desde la
administración de Félix González Canto.
“Condenamos la criminalización de la
protesta, ya lo vimos con los maestros, recientemente con los comuneros detenidos
Holbox, nos damos cuenta de que en verdad existe una coordinación de los tres
niveles de gobierno para reprimir a la población inconforme, sin duda ha
regresado el PRI de hace 70 años”, señaló.
Aguilar Osorio afirmó que se
mantendrán atentos del caso y coincidió con
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